Más allá de la ley Sinde: PP, PSOE y Ciudadanos quieren que el cierre de webs no requiera autorización judicial

Más allá de la ley Sinde: PP, PSOE y Ciudadanos quieren que el cierre de webs no requiera autorización judicial

Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han mostrado esta semana una enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual para que cerrar webs no requiera de un dominio judicial. “Ni siquiera el diminuto dominio que aún había en la ley Sinde”, alerta David Bravo, abogado especializado en derecho informatico y propiedad intelectual.

De aprobarse esta modificación de la legislación actual, no sería necesaria la autorización de la Justicia para llevar a cabo el bloqueo de una pagina web, como sí es necesario en la actualidad. “Estas enmiendas culminan el proceso iniciado con la ley Sinde de apartar a los jueces de la universidad exclusiva de cerrar paginas web”, afirma Bravo a Xataka.

No se requerirá autorización judicial, “ni siquiera el diminuto dominio que aún había en la ley Sinde”, dice el abogado David Bravo

Mantiene que “no es casualidad que este tipo de leyes represivas a nivel nacional y europeo coincidan en el tiempo, sino que se debe a que la empresa nunca ha dejado de ejercer su tarea de lobby mientras que los internautas hemos relajado -cuando no totalmente abandonado- la defensa de nuestros derechos”.

La enmienda ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (se puede consultar aquí, es la numero 32) y sus firmantes son el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

“No requerirá la autorización judicial prevista”, especifica la enmienda

Tal y como expone el abogado en el su perfil de Twitter, la ley Sinde que permitía que un órgano del Ministerio de Cultura pudiera cerrar webs sin dominio judicial si dicho órgano, popular como comisión Sinde, consideraba que la web(www) en cuestión infringía la propiedad intelectual.

Este detalle trascendental movilizó a enorme parte de los activistas e internautas pulsando al PSOE, que acabó asegurando que habría tutela de la Justicia, pese a que con matices. “Si el cierre no dañaba a la libertad de expresión el juez tenía que ejecutarlo sin poder discutir el fondo del asunto”, expone David Bravo. Si el bloqueo sí perjudica a ese derecho, el asunto cambia actualmente.

La enmienda tiene visos de prosperar dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo bastante en el Congreso de los Diputados para aprobarla

Sin embargo, si se aprueba esta enmienda y oportunidades tiene, dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo bastante en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se necesitará ese permiso.

De la circuntancia actual, en la que la ley dice que “la medida de participación enfocada al prestador de beneficios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial”, pasaríamos a que esta no sea necesaria. Lo próximo dice la enmienda conjunta de los 3 grupos parlamentarios:

“La ejecución de la medida de participación enfocada al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el capítulo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.

“Así culminan obviamente lo de quitarse a los jueces de encima. Y lo sacarán, tienen los votos”, dice Bravo. “Esta misma oferta de liquidar al completo el dominio judicial para cerrar webs es la que frenaron en 2011 porque era una píldora demasiado enorme para nuestras tragaderas”.

El vigente Gobierno estrenó hace 2 períodos las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con una sanción de 375.000 euros

A partir de ahora, la enmienda a este proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso, pasando el texto a la comisión parlamentaria correspondiente y abriéndose un nuevo plazo de enmiendas al articulado. El proceso legislativo continuaría con una ponencia, una deliberación en comisión, una deliberación en el pleno y su envio al Senado para, después, regresar al Congreso. En las Cortes Generales recibiría la aceptación definitiva.

Esta aparente vuelta a la guerra contra las descargas se inició con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el nuevo ministro de Cultura estrenó las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con una sanción de 375.000 euros. Ha sido la 1ª multa impuesta desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual gracias a una potestad sancionadora impulsada por el PP que ahora el PSOE usa por 1ª vez.

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La novedad Más allá de la ley Sinde: PP, PSOE y Ciudadanos quieren que el cierre de webs no requiera autorización judicial fue publicada originalmente en Xataka por Toni Castillo .


Xataka



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