Por qué la pseudociencia nunca acaba en el banquillo de los acusados

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Ayer, ABC anunciaba que se había revelado una sacerdote de la psoriasis a base de cenizas de café. Durante el fin de semana, Josep Pamiés decía que uno de sus remedios “contra el cáncer” (la kalanchoe) funcionaba si no se combinaba con quimioterapia convencional. Y, en El Confidencial, hablaban largo y tendido de Odile Fernández que ha vendido mas de 100.000 ejemplares y ha fichado por Planeta.

Pese a los esfuerzos de varios profesionales, la pseudociencia campa a sus anchas por Facebook, periódicos, revistas y canales de televisión. Y la pregunta que mas se repite en las redes sociales es, ¿por qué nadie toma medidas contra aquellos que ponen en riesgo la salud de las individuos solo para enriquecerse? Hemos mencionado con algunos maestros para comprender el problema

Los colegios profesionales: Denuncias en público, sin embargo escasas acciones concretas

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Desde la Asociación Española de Derecho Sanitario, nos cuentan que estos casos “hay que denunciarlos y ponerlos en conocimiento de la Organización Médica Colegial y del Colegio en concreto”. En el caso de los profesionales sanitarios que promueven pseudoterapias de forma pública (sobre todo, si animan a abandonar tratamientos), los Colegios Oficiales sí tendrían algo que decir.

El mayor dilema es que pese a sus declaraciones públicas contra la pseudociencia, sus normativas internas crean muy complicado atacar la ‘medicina alternativa’ de forma efectiva. Aunque según el codigo médico, se debe “respetar la evidencia científica” (23.1), se desaconseja taxativamente “interferir en la asistencia que este prestando otro colega” (39.1) y constituye la “obligación de defender” a sus colegas.

Sólo en caso de tortura (60) o dopaje deportivo (61.3), el doctor esta obligado a demandar ante las autoridades. Y el capítulo 38.3 prohíbe de facto la discusión pública con palabras como “las discrepancias entre los médicos no han de propiciar su desprestigio público” o “se evitarán polémicas públicas“.

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El Código Deontológico de la psicología asegura con una mano (artículo 21) que “el ejercicio de la psicología no tendra ser mezclado […] con otros procedimientos y practicas ajenos al fundamento científico de la psicología”, sin embargo solo “cuando tal prohibición este prevista legalmente”.

Mientras que, en la misma línea, asegura que los psicólogos “no desacreditarán a colegas u otros profesionales que trabajan con sus mismos o distintos métodos, y hablarán con respeto de las escuelas y tipos de intervención“.

Los colegios profesionales tienen serias dificultades para autorregularse en todo lo vinculado con la pseudociencia

La consecuencia mas directa de esto es que, varias veces son los mismos colegios los que organizan y avalan las practicas pseudocientíficas. Es decir, como nos explican desde la AEDS, la vía deontológica y de dominio experto esta ahí y puede llevar a la inhabilitación del facultativo. No obstante, segun parece, no suele ponerse en marcha.

En general, por las charlas que hemos mantenido estos días parece claro que los colegios profesionales, por sus equilibrios internos, suelen eludir acceder frontalmente en temas de esta índole. Casos como el de la doctora Mónica Lalanda expedientada por una carta en la que denunciaba el estado del servicio donde trabajan contrasta con las figuras públicas que bajo el halo de la medicina, promocionan pseudociencias sin ningun recato y con el apoyo de uno de los grupos mediáticos mas fundamentales del país.

Charlatanes, defraudadores y “magufos”: la salud sin titulación ni conocimientos

Andrew Foldi As Dr Dulcamara

No obstante, y afortunadamente, la totalidad de profesionales sanitarios son muy combativos contra la pseudociencia y la mayor parte de los que crean negocio con la pseudociencia no son, en ningun caso, profesionales sanitarios. ¿Qué se puede crear en este contexto? El dilema en este caso es que, tras mas de una década de Ley Ordenación de Profesiones Sanitarias, la ley no se aplica con contundencia y la interpretación de la misma que ya han establecido los tribunales continua sin llegar.

La Ley regula todo el “conjunto de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o optimizar la salud realizadas por profesionales sanitarios”. Reconocía el papel central de los licenciados en medicina en la indicación de este tipo de acciones sanitarias y regulaba el rol de otras profesiones sanitarias (fisioterapia, etc…).

Pese a ser una ley necesaria, desde el origen fue muy polémica porque, por ejemplo, no reconocía a los licenciados en psicología como profesionales sanitarios. Eso quería mencionar que a efectos legales solo los “pires” (los psicólogos internos residentes) podían crear terapia psicológica. Los licenciados en psicología quedaban fuera de la ley.

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Como la Ley parecía mal diseñada para atender a las necesidades sanitarias reales (por regresar al ejemplo anterior, la mayor parte de la interés psicológica privada la provienen haciendo licenciados en psicología sin el PIR), empezó a extenderse la idea de que si no se era ‘profesional sanitario’ la norma no afectaba. De hecho, se ha defendido en numerosas situaciones que si le cambiamos el nombre a la version (es decir, en lugar de hablar de ‘terapias’, contamos de ‘entrenamiento’ o ‘educación’) la Ley tampoco es aplicable.

La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias es clara, sin embargo han surgido varios rumores e interpretaciones a su alrededor

Pero esto no deja de ser rumorología amparada en el hecho de que no se ha aplicado sistemáticamente la normativa. No es cuestión de nominalismo: las tareas sanitarias lo son independientemente de como las llamemos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro que “todas las actuaciones […] tendentes a la conservación, mantenimiento y restablecimiento de la salud, mediante el diagnóstico, la indicación terapéutica y el pronóstico, o la prevención, restauración y rehabilitación de disfunciones somáticas mediante el empleo de agentes físicos, son […] consideradas, actuaciones sanitarias encomendadas a definidos profesionales sanitarios o profesionales del área sanitaria”.

Y, mas tarde, el Tribunal Supremo lo confirmó: “cualquier terapia, ya sea convencional o natural […], debe estar integrada en el metodo de salud” y ese es el fundamento por el que “el experto que la ejerza y el establecimiento en que se practique deban cumplir las exigencias previstas en la legislación básica”.

Es decir, podría haber una vía legítimo resistente en todo lo que se refiere a la usurpación de la version médica, sin embargo la legislación tampoco es clara en este aspecto (esencialmente, porque esta desactualizada) y los usurpadores se suelen mover en el filo de la legalidad para eludir problemas.

¿Es ilegal fomentar la pseudociencia? Libertad de expresión y responsabilidad socio-sanitaria

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En vuestro marco legal, “recomendar productos o que se abandonen tratamientos médicos en abstracto no es delitoexplicaba el jurista y activista indiferente Fernando Frías. En general, y enfatizo en lo de ‘general’, los discursos sólo se vuelven delitos por sus consecuencias. Sólo en el caso de que alguien sufriera perjuicios graves a causa de esas recomendaciones estaríamos ante un caso legal.

El año pasado, por ejemplo, un homeópata fue sentado en el banquillo de los acusados por infectar a un tolerante en Asturias. Pero estos casos son muy raros. Primero porque estos enfermos no suelen demandar y 2° porque los perjuicios suelen ser difíciles de demostrar.

Muchos ingenieros reivindican que se razones empezar a hablar de un cambio legislativo que, como en otros delitos como la incitación al odio, permita pelear contra este tipo de discursos pseudocientíficos. Las colisiones con la libertad de expresión son evidentes, sin embargo el debate y las tensiones están ahí.

La indefinición del Gobierno y las administraciones: el dilema clave

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Hay otros delitos contra la salud pública como el tráfico y la elaboración ilegal de medicamentos que podrían darnos un marco legítimo mas favorable en la pelea contra la pseudociencia. Otro marco que no se usa porque en el caos reglamentario español la administración no suele entrar en estos temas.

Además, la administración ha abierto una vía para que estos productos comiencen a ser legales. De facto, en España un medicamento era “toda sustancia o mezcla de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos”, sin embargo en los últimos años eso ha cambiado.

Con la oposición de los profesionales, la reposo de las administraciones es clave para comprender el revival vigente de la pseudociencia

Ya no es imprescindible “tratar o prevenir” una enfermedad, basta con no generar ningun daño. De esta forma, hasta 5 medicamentos homeopáticos se venden de forma reglamentaria en el país pese a la oposición de un numero cada vez mayor de farmaceúticos.

El efecto es que entre la falta de artefactos normativos y la no app de los ya existentes, la pseudociencia continua colándose en administraciones públicas, universidades y hospitales. Eso sí, no sin resistencia. Ayer, sin ir mas lejos, las redes sociales se llenaron de mensajes que reivindicaban la evidencia científica bajo el lema de #stoppseudociencia. Lamentablemente, a nivel legal, queda todavía mucho por hacer.

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La novedad Por qué la pseudociencia jamás acaba en el banquillo de los acusados fue publicada originalmente en Xataka por Javier Jiménez .


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